La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) ha planteado una acción de recusación que buscaría separar al togado del Juzgado Quinto Penal de la audiencia de revisión de medidas de coerción de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, integrantes de la antigua Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, para la solicitud de arresto domiciliario.
Y es que la FCT, en una acción presentada por su presidente Ricardo Méndez-Ruiz, sancionado internacionalmente, detiene el proceso por el cual ambos líderes indígenas han pasado cerca de 7 meses en prisión preventiva, señalados de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
Con esta recusación se suspenderían, mientras tanto, las dos audiencias que se tenían fijadas referentes al caso. Tanto la de este 19 de diciembre, cuando ambos líderes indígenas solicitarían la posibilidad de salir de prisión; así como la del 16 de enero para la discusión de la etapa intermedia del caso.
Pacheco y Chaclán: 235 días privados de libertad y a espera de audiencia de etapa intermedia
Méndez-Ruiz denunció ante el Ministerio Público (MP) al juez que tiene a cargo el caso, Arnulfo Rocael Carrera Dávila, de tener una relación de amistad íntima con los sindicados, además de un supuesto pacto económico que buscaría beneficiar procesalmente a Pacheco y Chaclán, a criterio del denunciante.
El juez «B» Quinto Penal, ante lo planteado, no aceptó la solicitud de recusación «al no ser cierta la causal invocada». De esa cuenta, la recusación será conocida por la Sala Tercera Apelaciones, vinculada al diputado Felipe Alejos, quien decidirá si el caso se mantiene en manos de dicho juez o pasa al Juzgado Sexto Penal.
La acción fue denunciada el 1 de diciembre por el presidente de la FCT, resuelta por el juzgado el pasado 15 de diciembre.
ORGANIZACIONES SOCIALES DENUNCIAN LITIGIO MALICIOSOUn grupo de organizaciones sociales denunciaron en rueda de prensa a la FCT y al Ministerio Público de «litigio malicio» porque «han utilizado de forma indebida el derecho penal para criminalizar a Luis Pacheco y Héctor Chaclán».
«Se les ha mantenido en prisión bajo argumentos inconsistentes y se ha impedido el avance de su proceso mediante recusaciones maliciosas. La última acción ocurrió esta misma semana», manifestaron los grupos sociales sobre el caso que ha criminalizado a las ex autoridades indígenas al frente del paro nacional indefinido de octubre de 2023.
Ante lo ocurrido, los manifestantes exigen a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de rechazar la recusación maliciosa contra el juez y continuar con el proceso, y así garantizar que la audiencia de revisión de prisión se lleve lo más pronto posible.
Al Sistema de Justicia, le demandan liberar a los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, investigar y sancionar a los responsables de la interrupción en el proceso y el restablecimiento del principio de justicia pronta y cumplida como garantía constitucional.
Así también, solicitan a la sociedad guatemalteca no criminalizar la protesta, al ser un derecho reconocido bajo la Carta Magna; y también a la comunidad internacional de acompañar el caso y seguir denunciando el uso ilegal e intencionado del derecho penal en Guatemala.
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